Las entidades financieras impulsaron en plena crisis una importante restricción crediticia, elevando los requisitos exigidos a los futuros firmantes de un préstamo. Esta situación, provocada por la alta morosidad, agravó aún más la actividad económica del país; y los esfuerzos de los bancos y cajas de ahorros se centraron en atraer a los clientes más solventes (aunque ya estuvieran en otras entidades de la competencia).

Esta coyuntura propició la aparición del activo conocido como “Compensación por riesgo de tipo de interés”. Un instrumento crediticio que es incluido por las entidades en los contratos hipotecarios para evitar que sus clientes se lleven sus préstamos a otros bancos o cajas.  Esta herramienta supone que aquellas personas que quieran realizar una amortización (parcial o total) de su préstamo tienen que pagar una importante multa económica si pretenden adelantar el montante restante.

Una penalización para los ciudadanos absolutamente legal; ya que fue incluido en la última Ley Hipotecaria aprobada en 2007 (por lo tanto, sólo afecta a los créditos firmados a partir de la entrada en vigencia de esta normativa).

Los expertos apuntan que la aparición de esta cláusula se debe fundamentalmente al desplome de los tipos de interés (lo que empuja a muchas personas a trasladar su hipoteca a aquellas entidades que le ofrecen un diferencial más apetecible y ningún tipo de activo como las cláusulas suelo o swaps). Además, de la competencia brutal entre cajas de ahorros y bancos por absorber el mayor número de clientes que tienen un crédito sobre vivienda en otra entidad.

Desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) se justificó la inclusión de esta comisión. “Si un cliente firma al 4% tres años y los tipos bajan al 1%, como ha ocurrido éste, es normal que se lleve su crédito a otra entidad. Este fenómeno causa una gran pérdida al banco o caja; ante la que el usuario debe responder según esta cláusula. Esto es lógico porque si no todo el mundo se cambiaría y el negocio se iría al traste», afirmó Lorena Mullor, economista de la entidad.